Desde el año 2004 se ha establecido la Ley 892, donde se establece el voto electrónico como nuevo mecanismo de votación e inscripción para garantizar el libre ejercicio de este derecho, en desarrollo del artículo 258 de la Constitución Nacional de Colombia.
Se estableció un plazo de 5 años para la implementación del voto electrónico, esto a partir del año 2004 cuando fue establecida la ley para la implementación del voto electrónico y a tiempo de hoy no se han realizado las pruebas piloto para su implementación y todo debido a la falta de asignación presupuestaria por parte del gobierno central. En repetidas ocasiones fue solicitado el presupuesto para realizar las pruebas piloto y el establecimiento de 10000 mesas de votación pero dichos recursos no fueron aprobados. Se espera poder realizar las elecciones de gobernadores, asamblea, concejos y JAL para el 30 de Octubre de 2011, encontrándose un requerimiento de dinero de $517.000.000.000,00 los cuales tampoco han sido aprobados por el congreso.
Recursos para el voto electrónico
La Corte Constitucional en la sentencia C-307 de 2004, al hacer la revisión previa de constitucionalidad de la Ley Estatutaria 892 de 2004, conocida como Ley de Voto Electrónico, señaló que “…la implementación del nuevo mecanismo y la puesta en marcha de los planes piloto sólo puede hacerse mediante gasto público, en la magnitud que finalmente determinen las autoridades competentes…”. De esta forma los planes piloto y la implementación del voto electrónico establecidos en la Ley 892 de 2004, están supeditados a los recursos que el Gobierno Nacional destine para dicho fin.
Para la vigencia 2007 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignó para planes piloto la suma de $392 millones.
A comienzos de la vigencia 2008 la Registraduría estructuró el proyecto denominado “Implementación de Nuevas Tecnologías al Proceso Electoral Colombiano”, con el objeto de llevar a cabo pruebas piloto e implementación del voto electrónico. La cobertura inicial era la ciudad de Bogotá D.C y el valor ascendía a $218.717 millones. Sin embargo, el proyecto se presentó y debatió en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, pero no obtuvo viabilidad presupuestal.
En la vigencia 2009 la Registraduría solicitó $120.000 para implementar mecanismos de identificación biométrica para las elecciones de Congreso y Presidencia realizadas en el primer semestre de 2010, pero dichos recursos fueron negados.
En conclusión podemos decir que se expiden leyes para facilitar la modernización e implementación de nuevos mecanismos electorales, pero aun falta algo importante y que debido a los altos costos de la tecnología se hace difícil implementar, como es la asignación de los presupuestos requeridos para poner en funcionamiento estos nuevos mecanismos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario